Una decisión que impactará en el precio de la energía

El Foro Economía y Trabajo advirtió que la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila provocará un encarecimiento “notable, irracional e injusto” de la energía en la Argentina, ya que la hidroelectricidad es la fuente más barata de generación.

Según el espacio integrado por economistas, especialistas y referentes del movimiento sindical, la medida profundiza la pérdida de capacidad del Estado para planificar y regular el sistema energético, beneficiando a grupos empresarios locales y transnacionales “en perjuicio de las familias, el trabajo y la producción”.

De Menem a Milei: 30 años después, otra privatización

En la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, las represas fueron concesionadas por decreto por un plazo de 30 años. Ese período concluyó en agosto de 2023, momento en que las centrales debían revertirse al Estado nacional y a las provincias de Neuquén y Río Negro.

El Foro remarca que el gobierno del Frente de Todos no actuó con la coherencia y eficacia necesarias para recuperar esos activos estratégicos.

En cambio, el actual gobierno avanzó en sentido contrario: primero con los decretos 718/2024, 895/2024 y 263/2025 que habilitaron un concurso público nacional e internacional, y más recientemente con la Resolución 1200/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, que establece la venta total del paquete accionario de las sociedades que administran las represas.

Una venta sin garantías

El proceso será ejecutado por ENARSA y contempla la participación de oferentes nacionales e internacionales, sin precio base ni compromisos sobre el nivel de inversión.

Tampoco se detallan requerimientos ambientales, ni mecanismos de gestión de caudales y riego, ni previsiones frente al cambio climático. “No se contempla un sistema integral de planificación de los recursos ni la ciberseguridad de infraestructuras críticas”, advierten los especialistas.

El documento también recuerda que previamente se privatizó en favor de la estadounidense ARC Energy la empresa IMPSA, dedicada al diseño y mantenimiento de turbinas hidroeléctricas, lo que debilita aún más la capacidad nacional de gestión en el sector.

Reclamo al Congreso y defensa de la soberanía

El Foro Economía y Trabajo plantea que el Congreso tiene la responsabilidad de anular los decretos y la resolución que habilitan la privatización, y garantizar que el Estado nacional junto a las provincias asuma la administración y operación de las centrales.

“El control público del sector energético es fundamental para modular el precio de la energía, participar de la renta hidroeléctrica y crear un fondo para financiar futuras represas y embalses”, sostiene el comunicado.

La defensa de los recursos hídricos, remarcan, es clave para asegurar energía limpia, confiable y sostenible, así como para impulsar la transformación productiva e industrial de la Argentina.

El texto fue difundido por el Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas y especialistas a propuesta de organizaciones sindicales, abierto a pymes, cooperativas y la economía popular.

Entre los firmantes se encuentran Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, entre otros, bajo la coordinación de Eduardo Berrozpe.