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Por Diego Molinas_ El invierno expone con crudeza los efectos de una política que desmantela la protección social en nombre del ajuste. En el modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei, la exclusión no es una falla del sistema: es una consecuencia prevista. Las muertes por frío son el síntoma visible de un Estado que renuncia deliberadamente a su responsabilidad
En la Argentina de Javier Milei, las bajas temperaturas no son el único riesgo que enfrentan las personas en situación de calle. Este invierno, la falta de políticas públicas, el recorte de programas sociales y la retirada del Estado nacional están dejando expuestas a miles de personas en condiciones extremas. Y eso tiene consecuencias concretas: en apenas una semana, siete personas murieron por hipotermia en distintos puntos del país.
Las víctimas no fallecieron por un fenómeno climático inusual, sino por una combinación letal: ajuste presupuestario, desmantelamiento de programas de contención y una concepción ideológica que considera que el Estado debe correrse. En este escenario, el frío no es una emergencia: es un síntoma de abandono.
En junio de 2025, el gobierno nacional oficializó su retiro de la asistencia directa a personas sin techo. Lo hizo a través del Decreto 373/2025, que transfiere a provincias y municipios la atención de estos sectores, limitando el rol de Nación a tareas de “coordinación”. El Ministerio de Capital Humano, lejos de reforzar los dispositivos de invierno, desarmó áreas clave de la ex Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y suspendió operativos de frío que en años anteriores incluían asistencia alimentaria, abrigo y paradores nocturnos.
Los números dan cuenta de una política deliberada de desfinanciamiento:
Reducción del 39,8 % en programas sociales para adultos y jóvenes.
Caída del 63,3 % en el presupuesto de las becas Progresar.
Congelamiento de la Tarjeta Alimentar, con una pérdida del poder de compra superior al 35 % en un año.
Estos recortes afectan directamente a los sectores más vulnerables, dificultando el acceso a alimentos, alquileres temporarios o habitaciones precarias que muchas familias utilizan para evitar llegar a la calle.
En la Ciudad de Buenos Aires, el último relevamiento oficial registró 4.049 personas viviendo en la calle, un aumento del 23 % respecto a 2023. Las organizaciones sociales aseguran que el número real es al menos el doble. A nivel nacional, el fenómeno se repite: el encarecimiento del alquiler, la destrucción del empleo informal y la falta de respuesta estatal empujan a cada vez más personas a quedar literalmente a la intemperie.
Y este crecimiento ocurre en el contexto de un Estado nacional que ya no se considera responsable.
Entre el 23 de junio y el 1 de julio de 2025 se registraron al menos siete muertes por hipotermia en CABA, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Organizaciones como Proyecto 7 y la Red Solidaria vinculan directamente estas muertes con la falta de operativos de invierno. Denuncian que hay menos paradores abiertos, menos distribución de abrigo y menos dispositivos móviles para asistir a personas en situación de calle.
El caso de Miguel Villagra, de 67 años, fallecido en Paraná, expone lo que podría haberse evitado con políticas mínimas de asistencia.
En este escenario, la respuesta está quedando casi exclusivamente en manos de organizaciones sociales, religiosas y vecinos autoconvocados. Pero no alcanzan. Sin recursos, sin coordinación oficial y con miles de nuevos casos, las redes solidarias se ven superadas. La asistencia improvisada no puede cubrir la ausencia estructural del Estado nacional.
Incluso las provincias con voluntad política enfrentan límites: el ajuste general y la falta de financiamiento impiden ampliar dispositivos de contención o generar nuevos refugios.
El problema no es sólo administrativo. Es político. La lógica que rige al gobierno de Milei considera que el Estado debe dejar de intervenir en casi todos los ámbitos de la vida social. La asistencia no es vista como una herramienta de protección, sino como un gasto innecesario. En esa lógica, quienes caen fuera del sistema quedan librados a su suerte.
Y lo más grave es que no se trata de una omisión, sino de una decisión celebrada. En el gobierno de Milei, la crueldad no es una consecuencia colateral: es un mérito exhibido, un alarde ideológico que se festeja en cada recorte.
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