“Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional la expulsión de una delegación de activistas y defensores de derechos humanos provenientes de Argentina. Es una señal alarmante que quienes vienen a observar, documentar y defender derechos sean tratados como enemigos, mientras se multiplican los vínculos y visitas de organismos de seguridad estadounidenses en nuestro país. Así comenzaron los capítulos más oscuros de nuestra historia latinoamericana.

La coordinación entre aparatos de seguridad, la persecución política y el hostigamiento a quienes denuncian abusos fueron características del Plan Cóndor y de las dictaduras que sometieron a nuestros pueblos. Bolivia no puede recorrer ese camino. Cuando se expulsa a defensores de derechos humanos y se intenta silenciar la observación internacional, la democracia se debilita y las alertas sobre autoritarismo se encienden en toda nuestra América”, expresó Evo Morales.

Bolivia atraviesa una crisis política y social de enorme gravedad. En ese contexto, una misión argentina de derechos humanos fue retenida y posteriormente expulsada del país luego de intentar ingresar para relevar denuncias vinculadas a la represión estatal contra las protestas que, desde hace más de cuarenta días, reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La delegación estaba integrada por dirigentes políticos, sociales, sindicales, legisladores y activistas de derechos humanos. Su visita había sido solicitada por legisladores y organizaciones de la sociedad civil boliviana con el objetivo de observar, documentar y recoger testimonios sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se vienen difundiendo en medios de comunicación, redes sociales y organismos sociales.

Según pudo reconstruirse, una vez que la comitiva pisó suelo boliviano fue trasladada desde La Paz hacia Santa Cruz. Allí, sus integrantes fueron notificados de que la documentación presentada para el ingreso al país tenía supuestas irregularidades, aunque no recibieron precisiones sobre cuáles eran ni se les ofrecieron mecanismos para subsanarlas. Finalmente, cerca de las 14, fueron informados de que serían deportados de manera inminente.

Desde el consulado argentino señalaron que enviaron un representante al aeropuerto para asistir a los retenidos. Sin embargo, integrantes de la misión negaron haber tenido contacto con algún diplomático argentino durante el procedimiento. El regreso de la delegación al Aeropuerto de Ezeiza estaba previsto para horas de la tarde, donde se esperaba la realización de una conferencia de prensa.

La expulsión generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos y referentes políticos de la región. Desde la Misión Internacional de veedores de Derechos Humanos fueron contundentes: “Este accionar dictatorial avasalla los derechos de los pueblos a ser observados y relevadas las violaciones de los derechos humanos que se difunden en medios de comunicación y redes sociales desde hace más de 40 días, y que son de público conocimiento”.

La decisión del gobierno boliviano no puede leerse como un hecho aislado. Se produce en un escenario marcado por bloqueos, movilizaciones populares, denuncias de detenciones arbitrarias, muertes, heridos y un endurecimiento de la respuesta estatal. En lugar de permitir la observación internacional, el gobierno de Paz eligió impedir el ingreso de una delegación que buscaba constatar la situación en el territorio.

El mensaje político es grave. Cuando un Estado expulsa a defensores de derechos humanos, no solo impide una tarea de documentación: intenta clausurar la mirada externa, aislar a las víctimas y blindar su política represiva frente a la comunidad internacional. La democracia no se fortalece ocultando lo que ocurre, sino garantizando transparencia, garantías constitucionales y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

La historia latinoamericana obliga a tomar estas señales con seriedad. No se trata de una comparación liviana, sino de una advertencia política: cada vez que se criminaliza la solidaridad internacional y se trata a los defensores de derechos humanos como enemigos internos o externos, se abre una puerta peligrosa.

Bolivia no puede volver a recorrer ese camino. La protesta social no puede ser respondida con represión, persecución ni expulsiones. Los pueblos tienen derecho a manifestarse, a ser escuchados y a que las violaciones a sus derechos sean observadas por organismos nacionales e internacionales.

La expulsión de la misión argentina representa una señal alarmante para toda la región. Más aún cuando, al mismo tiempo, se multiplican los vínculos y visitas de organismos de seguridad estadounidenses en territorio boliviano. La defensa de los derechos humanos no puede ser considerada una amenaza; amenaza es el silencio frente al abuso, la represión sin testigos y la democracia reducida a una formalidad vacía.

Frente a este escenario, resulta urgente que las organizaciones populares, sindicales, políticas y de derechos humanos de América Latina mantengan la atención sobre Bolivia. La solidaridad internacional no es delito. Documentar abusos no es injerencia. Defender la vida, la libertad y la dignidad de los pueblos es una obligación histórica de nuestra América.

La expulsión de la delegación argentina no cierra la denuncia: la amplifica. Y vuelve a colocar en el centro una pregunta decisiva para el presente latinoamericano: de qué lado se ubican los gobiernos cuando los pueblos reclaman derechos y cuando quienes intentan defenderlos son tratados como enemigos.