Hace apenas unas horas, el algoritmo parecía haber resuelto todos los problemas morales de nuestro tiempo. De un lado estaba España, presentada como la expresión luminosa de una Europa moderna, abierta, diversa y progresista. Del otro, la Argentina, expulsada de toda posibilidad de ensayo ético saludable y convertida, sin matices ni contexto, en responsable de buena parte de los males de la humanidad.
No había historia, complejidad ni contradicciones. No importaba la singular conformación de cada país, sus heridas, sus tradiciones populares ni sus disputas internas. Alcanzaba con una imagen, un gesto o una camiseta para que las redes distribuyeran inocencias y culpabilidades.
El algoritmo no piensa: ordena emociones. No comprende procesos: identifica estímulos. Necesita héroes absolutos y villanos completos porque la complejidad demora el consumo. Y así, durante algunos días, España fue presentada como la referencia ética del mundo, mientras la Argentina aparecía condenada moralmente por su identidad popular, barrial, mestiza y malvinera.
Pero entonces apareció Ceuta.
La llegada masiva de decenas de miles de migrantes desde Marruecos desbordó la capacidad de recepción de Ceuta y produjo una tragedia humanitaria. Hubo personas ahogadas, muertes en medio de avalanchas, familias durmiendo en calles y parques y estructuras de asistencia completamente superadas. Ante ese escenario, el gobierno de Pedro Sánchez respondió desplegando al Ejército y reforzando la presencia policial en la frontera. También anunció la aceleración de los retornos en coordinación con Marruecos.
La primera palabra elegida por Sánchez no fue humanidad, refugio o protección. Habló de una vulneración de la soberanía y de la integridad territorial española. La multitud dejó de ser presentada como un conjunto de personas atravesadas por el desempleo, la pobreza, la desesperación o el deseo de construir otra vida. Pasó a ser leída, ante todo, como una amenaza contra el territorio.
La cuestión no es negar el derecho de un Estado a administrar sus fronteras ni ignorar que Marruecos puede utilizar los movimientos migratorios como mecanismo de presión diplomática. Tampoco se trata de minimizar el colapso real producido en una ciudad de dimensiones reducidas. El problema aparece cuando la explicación geopolítica borra a las personas concretas y transforma una crisis humanitaria en una operación exclusivamente militar.
España debe discutir con Marruecos, investigar el funcionamiento de las redes de tráfico y reclamar responsabilidades diplomáticas. Pero ninguna de esas tareas elimina su obligación de garantizar agua, alimentos, atención médica, alojamiento, identificación de menores, acceso al asilo y evaluación individual de cada posible devolución.
El derecho internacional no desaparece porque una frontera sea desbordada. Mucho menos debería desaparecer la sensibilidad política de un gobierno que hizo del progresismo una marca de identidad.
Ceuta obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué queda del progresismo europeo cuando quienes reclaman derechos no son ciudadanos integrados, consumidores reconocibles o figuras exitosas, sino migrantes africanos y musulmanes empujados contra una frontera?
Es relativamente sencillo reivindicar la diversidad cuando esa diversidad puede ser convertida en una imagen publicitaria. Es mucho más difícil sostenerla cuando llega empobrecida, indocumentada y desesperada.
Allí aparece la contradicción entre la España simbolizada por Lamine Yamal —joven, hijo de migrantes, musulmán y emblema de una sociedad multicultural— y la España que responde en Ceuta con soldados y discursos sobre la defensa territorial. No existe ninguna contradicción personal en Yamal, por supuesto. Él expresa precisamente la potencia de una sociedad construida también por migrantes y por sus hijos. La contradicción pertenece a quienes celebran esa diversidad cuando produce victorias deportivas, pero la consideran peligrosa cuando golpea las puertas de Europa.
La imagen del futbolista puede ser incorporada sin conflicto al relato nacional. El migrante anónimo, en cambio, continúa siendo presentado como una presencia sospechosa que debe ser controlada, contenida o devuelta.
Entre Yamal y Ceuta se abre una grieta moral. De un lado, el orgullo por una España multicultural; del otro, la militarización de la frontera por la que intentan entrar quienes podrían formar parte de esa misma sociedad.
La diversidad aceptada parece ser únicamente la diversidad exitosa.
La crisis también desnuda una continuidad más profunda. Europa puede actualizar su lenguaje, multiplicar sus campañas contra la discriminación y presentarse como una civilización fundada en derechos universales. Sin embargo, cuando llegan los cuerpos del Sur, reaparecen rápidamente las categorías coloniales: invasión, avalancha, amenaza, desorden y defensa.
No todas esas palabras son necesariamente falsas. Una llegada de semejante magnitud desborda materialmente cualquier sistema de acogida. Pero el lenguaje nunca es neutral. Cuando decenas de miles de personas son descriptas solamente como una masa que avanza, desaparecen sus historias y se vuelve más sencillo justificar cualquier respuesta.
La sospecha de islamofobia nace precisamente en ese desplazamiento. No hace falta que un funcionario pronuncie un insulto religioso. Alcanza con construir de manera permanente al joven marroquí o musulmán como una amenaza demográfica, cultural y territorial. La islamofobia no funciona únicamente como odio explícito: también organiza jerarquías de humanidad.
Algunas vidas son reconocidas inmediatamente como vidas. Otras deben demostrar primero que no representan un peligro.
Los antecedentes de Melilla impiden considerar estos temores como una fantasía. Organizaciones de derechos humanos denunciaron en 2022 el uso excesivo de la fuerza, devoluciones inmediatas sin garantías y la ausencia de investigaciones suficientes tras la muerte de migrantes en la frontera entre España y Marruecos.
La política española de externalizar el control fronterizo hacia Marruecos también genera una contradicción evidente. Europa proclama estándares de derechos humanos que después delega en terceros países con tal de evitar que las personas alcancen su territorio. La violencia desaparece de la mirada europea, pero no de la experiencia de los migrantes.
Ahora bien, señalar estas contradicciones no debe llevarnos a repetir el mismo mecanismo que criticamos. España no puede ser reducida a la actuación de su gobierno en Ceuta, del mismo modo que la Argentina no puede ser reducida a Javier Milei.
España también está constituida por organizaciones humanitarias, comunidades migrantes, movimientos antirracistas, trabajadores, sindicatos y sectores populares que cuestionan la militarización de las fronteras. Yamal no es una coartada del Estado español: es parte de una España real, mestiza y plural que también disputa el sentido de su país.
Del mismo modo, la Argentina de Milei no representa toda la tradición argentina de integración migratoria. La Argentina se construyó a través de diferentes oleadas migratorias y conserva una memoria social, jurídica y cultural vinculada con la hospitalidad y el acceso universal a derechos.
Precisamente por eso son graves las medidas adoptadas por el gobierno argentino.
El Decreto 366/2025 restringió el acceso gratuito a la atención sanitaria habitual para extranjeros sin residencia permanente, habilitó el cobro de estudios universitarios de grado a quienes no tengan esa residencia, endureció los requisitos migratorios y redujo los plazos para recurrir judicialmente decisiones de expulsión. El propio Gobierno presentó la reforma como una limitación del acceso irrestricto a la salud y la educación.
El CELS cuestionó la norma porque dificulta la ciudadanía y el acceso a la educación superior, habilita el arancelamiento sanitario y facilita las expulsiones. También advirtió que la nueva política debilita dos pilares históricos de la legislación argentina: la igualdad en el acceso a los derechos y la responsabilidad estatal de promover la regularización migratoria.
Además, el gobierno anunció que los extranjeros condenados por cualquier delito podrían ser deportados, eliminando el criterio anterior que exigía determinadas escalas penales. Esta asociación reiterada entre migración, delito y gasto público forma parte de una construcción política más amplia: presentar al migrante como alguien que viene a quitar recursos, ocupar servicios o amenazar la seguridad.
Es la misma matriz que aparece en Europa, aunque se vista con diferentes colores ideológicos.
En Ceuta, la persona migrante es presentada como una amenaza contra el territorio. En un barrio del conurbano, puede ser presentada como una amenaza contra el hospital, la universidad, el empleo o la seguridad. Cambian los gobiernos, los tonos y las geografías. Permanece la operación fundamental: separar a quienes merecen derechos de quienes deben demostrar que son dignos de recibirlos.
La velocidad de las redes vuelve casi imposible reconocer estas contradicciones. Hace unas horas, parte del progresismo digital utilizaba a España para impartir lecciones morales contra la Argentina. Ahora, frente a Ceuta, muchos prefieren callar, relativizar o describir la militarización como una consecuencia inevitable de la emergencia.
Del otro lado, sectores nacionalistas argentinos podrían aprovechar la situación para afirmar que toda crítica recibida era falsa o que España carece de autoridad moral para hablar de racismo. Esa reacción también sería insuficiente. Las contradicciones españolas no vuelven inocentes las políticas xenófobas de Milei ni borran las formas de discriminación existentes en la sociedad argentina.
El problema es precisamente esa lógica del intercambio de acusaciones. Cada tragedia se utiliza para anular la tragedia anterior. Cada contradicción ajena se convierte en una excusa para no mirar las propias.
El algoritmo trabaja así: no produce conciencia, distribuye resentimientos.
Ayer invitaba a odiar a la Argentina. Hoy puede invitar a odiar a España. Mañana encontrará otro país, otro pueblo o alguna identidad sobre la cual descargar una indignación sin historia. Lo importante no es comprender, sino mantener encendida la circulación de emociones.
El progresismo que se deja organizar por esa lógica termina abandonando aquello que dice defender. Ya no analiza relaciones de poder, políticas estatales o condiciones materiales. Se limita a clasificar identidades nacionales entre civilizadas y bárbaras.
Las contradicciones existen. El progresismo europeo evidentemente las tiene. También las tienen nuestras sociedades y nuestras tradiciones políticas. Reconocerlas no debería conducir al cinismo ni a la conclusión de que todos son iguales. Debería obligarnos a construir mayor profundidad.
Una política verdaderamente humanista no puede depender de la nacionalidad de quien gobierna, del prestigio internacional de un país ni de las simpatías distribuidas por las redes. Debe comenzar siempre por quienes reciben sobre sus cuerpos las consecuencias de las decisiones estatales.Por las personas abandonadas en las calles de Ceuta. Por los jóvenes marroquíes convertidos en amenaza colectiva.
Por las familias migrantes del conurbano que pueden encontrar nuevas barreras para acceder a la salud, la universidad o una residencia estable. Por quienes son utilizados como instrumentos en disputas diplomáticas que nunca decidieron.
La frontera ética separa las políticas que reconocen la dignidad humana de aquellas que administran seres humanos como amenazas, costos o excedentes.
Por eso, la respuesta no puede ser sustituir una corriente algorítmica de odio contra la Argentina por otra dirigida contra España. Tampoco se trata de elegir cuál de los dos países merece ocupar por unas horas el lugar del monstruo.
Se trata de abandonar esa maquinaria.
Defender al migrante en Ceuta frente a la militarización de Pedro Sánchez y defenderlo en un barrio del conurbano frente a las políticas excluyentes de Milei no son posiciones contradictorias. Son una misma posición.
La única capaz de escapar de la brutalidad del algoritmo: colocar nuevamente lo humano en el centro.




