Ciudad Evita, Buenos Aires. Thiago Correa tenía 7 años y esperaba el colectivo con su papá. El miércoles por la noche, en la intersección de Crovara y Madrid, un agente de la Policía Federal vestido de civil fue asaltado. Se identificó, desenfundó su arma reglamentaria y abrió fuego. En medio del tiroteo, una de las balas impactó en la cabeza del niño. Dos días después, su padre confirmó la noticia de su fallecimiento .

La escena, aunque devastadora, no es inédita. El disparo policial fuera de protocolo, en pleno espacio público, con víctimas civiles, vuelve a traer al centro del debate una problemática estructural: el gatillo fácil como política de seguridad.

Exceso de fuerza, falta de responsabilidad

El autor del disparo fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, agente de la Policía Federal Argentina. Actualmente se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa.

El hecho generó conmoción pública, pero desde el primer momento, el Gobierno nacional evitó cualquier tipo de autocrítica. Lejos de priorizar el esclarecimiento del caso o la protección de la víctima, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió el accionar del agente, responsabilizó a los supuestos asaltantes y aprovechó para atacar políticamente a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Gatillo fácil: de la práctica a la doctrina

En la Argentina, el término “gatillo fácil” no refiere solo a un disparo aislado. Denota una forma de entender la seguridad: la habilitación del uso letal de la fuerza sin controles, sin protocolos, y con respaldo político.

Organismos como CORREPI documentan desde hace años los casos de represión estatal y uso excesivo de la fuerza. Las cifras crecen, y el perfil de las víctimas se repite: jóvenes, pobres, en barrios populares. Muchos, como Thiago, ni siquiera estaban involucrados en el conflicto. El gatillo fácil no es un desvío. Es parte de una doctrina.

Bullrich y el blindaje del plomo

La ministra Bullrich no habló de Thiago. No expresó dolor ni respeto. Habló del policía. Lo defendió. Repitió el libreto: "legítima defensa", "delincuencia", "inseguridad". Pero calló sobre lo esencial: una bala policial mató a un niño.

Ese silencio frente a la víctima y esa defensa inmediata del tirador no son neutros. Forman parte de un modelo de seguridad que gobierna con miedo y reprime con impunidad. Un modelo donde la bala policial no se discute: se legitima.

La política detrás de la muerte

Lo que ocurrió en Ciudad Evita no es un hecho aislado. Es una manifestación brutal del modo en que el Estado entiende la autoridad y el control territorial.

En los márgenes, donde no hay cámaras ni privilegios, la policía actúa como fuerza de choque. Y cuando el plomo toca a un inocente, se lo disfraza de consecuencia inevitable. Se omite que esa violencia no es espontánea: es permitida, fomentada, justificada desde arriba.

Patricia Bullrich no es una excepción. Es el rostro más nítido de esa política. Una ministra que, frente a un niño baleado eligió blindar al que disparó.

Thiago tenía 7 años. Estaba con su papá. Esperaba el colectivo. No era un delincuente. No era una amenaza. El silencio oficial, el discurso de orden y la impunidad judicial no pueden ser más fuertes que la vida.

Porque cuando un Estado permite que se dispare sin control, cada barrio sabe que puede ser el próximo.

Justicia para Thiago. Justicia para todos.
El gatillo fácil no es un accidente. Es una decisión política.
Y cada bala que no se investiga, es una política que se perpetúa.