El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva que endurece el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, profundizando una política que desde hace más de seis décadas castiga principalmente al pueblo cubano y limita su derecho al desarrollo.

La medida declara una emergencia nacional y habilita nuevas sanciones que no solo afectan a la isla, sino que buscan intimidar a terceros países que mantengan relaciones energéticas con La Habana, ampliando el carácter extraterritorial del bloqueo.

Una política que golpea a la vida cotidiana

Bajo el argumento de la seguridad nacional, la administración estadounidense vuelve a recurrir a sanciones económicas como herramienta de presión política. El documento oficial acusa al gobierno cubano de alianzas internacionales consideradas hostiles por Washington y de prácticas internas que justificarían el castigo económico.

Sin embargo, en la práctica, el bloqueo impacta directamente en la vida cotidiana de millones de cubanos, dificultando el acceso a combustibles, alimentos, medicamentos y recursos básicos. Lejos de promover soluciones, estas medidas agravan las condiciones materiales de la población y profundizan las desigualdades.

El petróleo como forma de asfixia

Uno de los puntos centrales de la orden ejecutiva es la creación de un sistema de aranceles contra países que suministren petróleo a Cuba. Estados Unidos podrá imponer derechos aduaneros adicionales a productos provenientes de esos Estados, con el objetivo explícito de restringir el acceso de la isla a la energía.

El mecanismo prevé la intervención del Departamento de Comercio y del Departamento de Estado, pero mantiene en manos del presidente la decisión final. De este modo, el bloqueo deja de ser solo bilateral y se convierte en una herramienta de presión global, que condiciona relaciones comerciales legítimas entre países soberanos.

Solidaridad frente al castigo

La comunidad internacional ha rechazado de manera reiterada el bloqueo contra Cuba. Año tras año, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota abrumadoramente contra esta política, reconociendo su carácter injusto y sus consecuencias humanitarias.

La nueva orden ejecutiva va a contramano de ese consenso internacional y reafirma una lógica de castigo que no distingue entre gobierno y pueblo. Frente a este escenario, la solidaridad con Cuba vuelve a ser una postura ética y política: defender el derecho de un país a decidir su propio camino sin coerción externa.

Cuba y la dignidad de resistir

A más de seis décadas de bloqueo, Cuba sigue siendo objeto de una política que busca doblegarla por la vía económica. El endurecimiento dispuesto por Trump no inaugura una etapa nueva, sino que profundiza una estrategia conocida, basada en la presión y el aislamiento.

En un mundo atravesado por múltiples crisis, sostener una mirada solidaria con Cuba implica rechazar el bloqueo como herramienta de dominación y reafirmar el principio de que ningún pueblo debe ser castigado por ejercer su soberanía.