La reforma laboral impulsada por el gobierno no es una discusión técnica ni una actualización normativa. Es una decisión política explícita sobre qué es un trabajador y qué lugar ocupa en la sociedad. Y esa decisión implica un retroceso deliberado en la concepción del sujeto laboral, desplazándolo del campo de los derechos al de la mera disponibilidad.

El corazón del texto es deshumanizante porque borra la historia del derecho del trabajo: niega la razón misma por la cual esta rama del derecho existe. El trabajador deja de ser un sujeto protegido por su condición material y pasa a ser tratado como una parte abstracta de un contrato entre supuestos iguales.
Esa igualdad es ficticia, y el gobierno que impulsa esta reforma la asume como punto de partida.

Un retroceso preperonista

Antes de la conquista de los derechos laborales, el trabajo era una relación de fuerza sin mediaciones. Esta reforma propone volver a ese escenario: desarma el principio protector, relativiza la estabilidad, fragmenta la noción de vínculo laboral y reinstala la idea de que los derechos pueden ser negociados individualmente.

No es un error de redacción ni una omisión ingenua. Es una orientación política clara: retirar al derecho como límite y devolverle al empleador la centralidad absoluta en la relación laboral. En ese sentido, la reforma es preperonista en su espíritu: desconoce derechos elementales que forman parte del consenso social argentino desde hace décadas.

La falsa libertad de acordar

Uno de los núcleos más graves de la reforma es la insistencia en que empleador y trabajador pueden “acordar” el ejercicio de sus derechos. El gobierno presenta esta idea como libertad, pero lo hace eligiendo ignorar la desigualdad estructural que define la relación laboral.

El trabajador no negocia en condiciones de igualdad: negocia bajo necesidad.
Al habilitar acuerdos individuales en contextos de desempleo y precarización creciente, el Estado renuncia conscientemente a su rol de protección y convierte la desigualdad en norma.

Cuando el trabajador deja de ser sujeto de derechos

La ampliación de figuras como “colaborador”, “prestador independiente” o esquemas civiles para tareas que son laborales no es un detalle técnico. Es una herramienta jurídica concreta para vaciar derechos sin derogarlos, para eludir responsabilidades sin asumir el costo político de eliminarlas.

El gobierno elige que el trabajador deje de ser definido por la realidad de su trabajo y pase a ser definido por la forma contractual que se le impone. Cuando el principio de realidad se debilita, el trabajador queda expuesto. Esa exposición no es accidental: es consecuencia directa de la orientación adoptada.

El golpe al sujeto colectivo: sindicatos bajo ataque

Esta reforma no solo debilita al trabajador individual. También erosiona los derechos sindicales al promover la fragmentación de los vínculos laborales y desplazar la negociación colectiva en favor de acuerdos individuales.

Cuando cada trabajador queda aislado, el sindicato pierde fuerza, capacidad de representación y margen de acción. Debilitar la organización sindical no es un efecto colateral: es parte del mismo movimiento que busca trabajadores más solos, más frágiles y más disciplinables.

Ideología sin disimulo

Esta reforma no es neutral. Parte de una premisa clara sostenida por el gobierno: el problema del trabajo no es la explotación, sino la protección. Los derechos aparecen como rigideces, la estabilidad como privilegio y el despido barato como incentivo.

El Estado no se retira por incapacidad, se retira por decisión política. Deja de ser garante de equilibrios mínimos y habilita que la relación laboral vuelva a ordenarse por la fuerza.

Recuperar la calle para no perder derechos

La movilización convocada para el jueves 18 de diciembre a las 15 horas en Plaza de Mayo, en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos, se inscribe en un momento clave del debate público sobre esta reforma laboral. Es una instancia necesaria y oportuna para ocupar el espacio público, juntar fuerzas y expresar de manera clara y masiva el rechazo a un proyecto de ley que avanza sobre derechos históricos.

La convocatoria impulsada por el movimiento sindical puede contribuir a romper la dispersión, recuperar volumen social y reconstruir una expresión colectiva frente a un gobierno que pretende naturalizar este retroceso. Que la cita sea en Plaza de Mayo no es un dato menor: es volver a un lugar donde los derechos laborales se conquistaron con organización, presencia y acción colectiva.

Salir a la calle ese día es una forma concreta de afirmar que el trabajo no es mercancía, que los derechos no se negocian y que este proyecto no cuenta con consenso popular.

Esta reforma debe ser rechazada porque se apoya en la idea de la igualdad entre empleador y trabajador— y la transforma en base normativa. Desarma principios elementales del derecho del trabajo, debilita la organización sindical y reinstala una lógica donde el trabajador vuelve a quedar expuesto y vulnerable ante sus patrones.