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Política Militares en tareas policiales: una decisión ilegal que erosiona la democracia
28/04/2025
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Por Diego Molinas – La orden del gobierno de habilitar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte rompe el marco legal vigente y vulnera los consensos democráticos.
La conducción de la Defensa Nacional exige sobriedad, conocimiento técnico y responsabilidad institucional. Sin embargo, el gobierno actual ha optado por otro camino: el de la espectacularidad. Desplegar uniformados, drones y vehículos militares en la frontera norte busca construir una imagen de "decisión" y "firmeza", pero detrás de la puesta en escena, se oculta un grave problema: la ilegalidad.
Habilitar a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas policiales, como detener civiles en situaciones de flagrancia, no solo contradice la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, sino que vulnera uno de los pilares de la democracia argentina: la separación clara entre las funciones de defensa externa y las de seguridad interna.
No es casualidad que la decisión se anuncie bajo la lógica del impacto visual. Es parte de una política que privilegia el efecto mediático sobre la construcción institucional. Pero la espectacularidad nunca puede reemplazar a la legalidad.
La advertencia de Agustín Rossi: un grave retroceso democrático
Desde su experiencia como exministro de Defensa, Agustín Rossi fue categórico: la resolución del Ministerio de Defensa es "ILEGAL".
Rossi recordó que las Fuerzas Armadas no están formadas ni equipadas para tareas de seguridad interior, y que involucrarlas en detenciones de civiles implica no solo violar la ley, sino también poner en riesgo su propio prestigio y la estabilidad democrática.
“La resolución es floja de papeles. Obliga a los militares a actuar fuera de la ley, dejándolos sin cobertura jurídica”, señaló.
Además, advirtió que el Congreso ya había rechazado una propuesta similar impulsada por el oficialismo. "Lo que no consiguieron democráticamente, lo intentan imponer por la fuerza de los hechos", denunció.
Para Rossi, esta decisión no es un error aislado, sino parte de un patrón preocupante: el intento de militarizar la vida civil bajo la excusa de combatir delitos en zonas de frontera, habilitando prácticas que recuerdan a etapas oscuras de la historia argentina.
"Fuera de la ley no hay seguridad: hay arbitrariedad, hay abuso, hay riesgo para todos", concluyó.
Críticas transversales: hasta los aliados dudan
El nivel de improvisación y gravedad de la medida es tal que incluso figuras históricamente vinculadas al mundo liberal-conservador, como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, marcaron su preocupación.
Ambos exministros de Defensa advirtieron que esta resolución desconoce el marco legal vigente y expone a los militares a escenarios de enorme incertidumbre jurídica.
Sus críticas, aunque moderadas en el tono, confirman que no se trata de un debate ideológico o partidario: es el respeto a la Constitución y a los pactos básicos de la democracia lo que está en juego.
El riesgo de destruir lo que costó décadas construir
La decisión de militarizar tareas policiales no solo degrada el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. También rompe un consenso que la Argentina construyó con enorme esfuerzo desde el regreso de la democracia: que los militares deben permanecer al margen de la vida política y de los conflictos internos.
En tiempos de crisis social y económica, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, el gobierno opta por debilitarlo.
Y así, bajo una apariencia de "orden" y "control", siembra inseguridad jurídica, erosiona libertades y pone en riesgo la convivencia democrática.
La defensa nacional no puede convertirse en escenografía de propaganda.
Ni la frontera en un teatro de operaciones sin ley
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